El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado este jueves una providencia en la que requiere urgentemente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que cese en las citaciones y declaraciones que está llevando a cabo respecto a una decena de testigos e imputados que aparecen en el sumario del caso en el que se investiga al exbanquero Mario Conde.
Asimismo, le advierte de que es él mismo, como máximo responsable de la instrucción, el que tiene la potestad de acordar tales comparecencias. Y le pide al Ministerio Público que informe sobre la pertinencia de proceder a las comisiones rogatorias que solicita la unidad investigadora.
Cabe recordar que Mario Conde está siendo investigado por haber repatriado, presuntamente, cerca de 14 millones de euros del Banco Banesto. Entidad de cuyos depósitos se apropió entre los años 80 y 90, y por lo que ya ha cumplido condena, si bien nunca dio cuenta del destino que le había dado a buena parte del dinero.
Según se desprende de la investigación, los fondos estarían ocultos en Suiza, Reino Unido, Italia y Países Bajos, y Conde se habría valido de varias sociedades radicadas tanto en España como en otros países para camuflar su retorno. Por estas actuaciones el exbanquero, de 68 años, podría enfrentarse a los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
La operación es fruto de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que después de recibir varios avisos del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Hacienda Pública, en los que se le informaba de que estaba llegando dinero del exterior con destino a sociedades tras las cuales estaría el propio Conde o sus testaferros, decidió poner los hechos en conocimiento de la Audiencia Nacional.
La resolución de Pedraz llega después de que se haya cuestionado el trabajo de la UCO en algunos procedimientos judiciales. Entre ellos, el correspondiente a la operación Púnica, en el que la Guardia Civil acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de haber adjudicado irregularmente el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández.
Source: ABC